· Censura un dictamen del Instituto Nacional de la Salud y la Investigación Médica que aboga por la detección precoz de trastornos de la conducta en la infancia como medio para reducir la incidencia de conductas antisociales
· Advierte del riesgo de convertir a la víctima de una patología en presunto culpable.
· Subraya la carga de estigmatización para el niño que comportaría la notificación del diagnóstico de trastornos de conducta a instituciones de diversa índole
El pasado 6 febrero, el Comité Consultivo Nacional de Ética de las Ciencias de la Vida y de la Salud de Francia (CCNE, según sus siglas en francés) hizo público un informe –fechado el 11 de enero- titulado «Problemas éticos de las implicaciones predictivas de la detección precoz de trastornos del comportamiento en la infancia».
El dictamen es fruto de una consulta realizada sobre las consecuencias de un informe realizado por el Instituto Nacional de la Salud y la Investigación Médica (Inserm, según sus siglas en francés) que abogaba por el cribaje sistemático y la detección precoz de trastornos de conducta en la infancia como medio para reducir la incidencia de eventuales comportamientos delictivos en la edad adulta. La intervención comenzaría en el examen de circunstancias familiares y sociales de riesgos ya desde el embarazo e incluiría el diagnóstico de los niños entre 0 y 3 años, aparte del seguimiento durante las sucesivas etapas del crecimiento. El informe elaborado por un grupo de expertos del Inserm proponía asimismo incluir este diagnóstico en el carné de salud del niño, un libro que se entrega a los padres tras el nacimiento y en el que los sucesivos médicos que lo atienden anotan diagnósticos y tratamientos efectuados (incluidas las vacunas) con el fin de mejorar la asistencia y evitar la repetición de pruebas. Asimismo, se sugería la participación de distintas instituciones oficiales –colegios incluidos- en el abordaje del problema, en caso de que se detectase.
Un concepto peligrosamente difuso
· Advierte del riesgo de convertir a la víctima de una patología en presunto culpable.
· Subraya la carga de estigmatización para el niño que comportaría la notificación del diagnóstico de trastornos de conducta a instituciones de diversa índole
El pasado 6 febrero, el Comité Consultivo Nacional de Ética de las Ciencias de la Vida y de la Salud de Francia (CCNE, según sus siglas en francés) hizo público un informe –fechado el 11 de enero- titulado «Problemas éticos de las implicaciones predictivas de la detección precoz de trastornos del comportamiento en la infancia».
El dictamen es fruto de una consulta realizada sobre las consecuencias de un informe realizado por el Instituto Nacional de la Salud y la Investigación Médica (Inserm, según sus siglas en francés) que abogaba por el cribaje sistemático y la detección precoz de trastornos de conducta en la infancia como medio para reducir la incidencia de eventuales comportamientos delictivos en la edad adulta. La intervención comenzaría en el examen de circunstancias familiares y sociales de riesgos ya desde el embarazo e incluiría el diagnóstico de los niños entre 0 y 3 años, aparte del seguimiento durante las sucesivas etapas del crecimiento. El informe elaborado por un grupo de expertos del Inserm proponía asimismo incluir este diagnóstico en el carné de salud del niño, un libro que se entrega a los padres tras el nacimiento y en el que los sucesivos médicos que lo atienden anotan diagnósticos y tratamientos efectuados (incluidas las vacunas) con el fin de mejorar la asistencia y evitar la repetición de pruebas. Asimismo, se sugería la participación de distintas instituciones oficiales –colegios incluidos- en el abordaje del problema, en caso de que se detectase.
Un concepto peligrosamente difuso
El CCNE subraya «la ambigüedad de la definición de 'problemas de conducta' según el DSM-4 [Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders de la Asociación Americana de Psiquiatría] y el CIM-10 [Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud], que tiende a ocultar las fronteras entre patología y delincuencia, entre evolución médica y evolución judicial». Se pregunta, en este sentido, «si las crisis de cólera de un niño de 3 o 4 años se considerarán sin más síntomas precoces que permitan predecir una evolución lineal hacia conductas violentas a 10 ó 15 años vista y con una misma causa biológica». Advierte, por otra parte, que si la medicina no siempre logra evitar la confusión entre causa y asociación, los estudios sobre comportamiento son aún más proclives a este riesgo.
En el plano científico, el CCNE censura al informe del Inserm «la tendencia a atribuir a aspectos genéticos o a las predisposiciones cerebrales, de naturaleza neurobiológica, un papel preponderante en la evolución futura de formas violentas de conducta, lo que parece más fruto de un postulado, de una petición de principio, que de una valoración en contexto de los datos disponibles. En efecto, los factores de riesgo social o ambiental parecen mucho más determinantes de las conductas futuras que los factores genéticos, neurobiológicos o psicológicos del niño».
Asimismo, apunta «los graves problemas éticos» que entraña «una interpretación prematura y una aplicación inadecuada de los estudios que cita el informe del Inserm, que preconizan una medicalización de problemas que proceden sobre todo de factores de índole social, económica o cultural. Se impone la prudencia frente a la tentación de recurrir con demasiada frecuencia a tratamientos psicofarmacológicos. Estos tratamientos comportan riesgos de dependencia aún insuficientemente evaluados y pueden entrañar un riesgo para el desarrollo futuro del niño», aparte de que su eficacia es cuestionable «en ausencia de otras medidas complementarias».
Proteger la confidencialidad para evitar la estigmatización
En el plano científico, el CCNE censura al informe del Inserm «la tendencia a atribuir a aspectos genéticos o a las predisposiciones cerebrales, de naturaleza neurobiológica, un papel preponderante en la evolución futura de formas violentas de conducta, lo que parece más fruto de un postulado, de una petición de principio, que de una valoración en contexto de los datos disponibles. En efecto, los factores de riesgo social o ambiental parecen mucho más determinantes de las conductas futuras que los factores genéticos, neurobiológicos o psicológicos del niño».
Asimismo, apunta «los graves problemas éticos» que entraña «una interpretación prematura y una aplicación inadecuada de los estudios que cita el informe del Inserm, que preconizan una medicalización de problemas que proceden sobre todo de factores de índole social, económica o cultural. Se impone la prudencia frente a la tentación de recurrir con demasiada frecuencia a tratamientos psicofarmacológicos. Estos tratamientos comportan riesgos de dependencia aún insuficientemente evaluados y pueden entrañar un riesgo para el desarrollo futuro del niño», aparte de que su eficacia es cuestionable «en ausencia de otras medidas complementarias».
Proteger la confidencialidad para evitar la estigmatización
El CCNE estima «injustificada la comunicación de datos biológicos o médicos a representantes institucionales, y en general las excepciones a las normas del secreto médico, que podrían contribuir a estigmatizar a las personas sobre criterios cuya vinculación con comportamientos futuros no se ha determinado con certeza. La reducción de las personas a parámetros fragmentarios implica riesgos de interpretación arbitraria y de exclusión. La inclusión de esta información en el carné de salud favorecería la estigmatización».
El dictamen concluye haciendo hincapié en que «el CCNE no puede aprobar la intención de incluir la medicina preventiva en el campo de la represión, que conduce a considerar al niño como un peligro, y que le hace pasar, de facto, del estatuto del víctima al de presunto culpable. En el estado actual de los conocimientos científicos es inadecuado, y debe ser proscrito, n abordaje que pretenda predecir la evolución hacia formas violentas de delincuencia a partir de problemas tempranos del comportamiento. Los parámetros disponibles no son suficientemente significativos como para hacerlo sin sustraerse a los prejuicios sociales o ideológicos presentes en la sociedad actual».
El dictamen concluye haciendo hincapié en que «el CCNE no puede aprobar la intención de incluir la medicina preventiva en el campo de la represión, que conduce a considerar al niño como un peligro, y que le hace pasar, de facto, del estatuto del víctima al de presunto culpable. En el estado actual de los conocimientos científicos es inadecuado, y debe ser proscrito, n abordaje que pretenda predecir la evolución hacia formas violentas de delincuencia a partir de problemas tempranos del comportamiento. Los parámetros disponibles no son suficientemente significativos como para hacerlo sin sustraerse a los prejuicios sociales o ideológicos presentes en la sociedad actual».
Más información:
- Resumen del informe del Inserm: Trouble des conduites chez l’enfant et l’adolescent. Une expertise collective de l’Inserm.
