El próximo 1 de julio, el Departamento de Salud de Washington D.C. tendrá operativa una base de datos que recogerá cualquier incidente de un médico relacionado con la seguridad de los pacientes: desde los simples efectos adversos -con independencia de que se deban a negligencia o a la simple materialización de un riesgo típico- hasta las sanciones disciplinarias, las condenas impuestas por un tribunal o los acuerdos extrajudiciales alcanzados a través de la aseguradora de responsabilidad civil. Así lo ordena una norma aprobada en la última sesión legislativa del pasado año por el D.C. Council, informa The Washington Post.
Según la norma, los médicos tendrán un plazo de 60 días para notificar este tipo de datos desde que suceden. Como mecanismo de seguridad ante eventuales omisiones, los hospitales y aseguradoras tendrán la obligación de trasladar esta información cuando el profesional sanitario implicado -la norma afecta también a enfermeras, psicólogos o farmacéuticos- sea empleado suyo.
El Departamento de Salud utilizará estos datos para identificar patrones, detectar tendencias e implantar medidas de corrección. Asimismo, publicará un resumen anual de la información obtenida. La norma no deja claro si los pacientes podrán acceder por internet al perfil de responsabilidad de un médico concreto.
Las sociedades científicas y las asociaciones de hospitales de Washington D.C. han criticado públicamente la nueva regulación, en particular por lo que consideran una definición muy vaga de efecto adverso: "todo acto asistencial que deriva en la muerte del paciente o en un daño no esperado". Según K. Edward Shanbacker, vicepresidente ejecutivo de la Sociedad Médica del Distrito de Columbia, "el tenor literal es un sinsentido de puro pobre. Los médicos no van a saber qué tienen que notificar".
Algunas fuentes consideran que esta medida era la única forma de salvar la inoperancia de los órganos disciplinarios de la Administración de Washington D.C., que -según Sidney Wolfe, director de Public Citizens Research Group- entre 2003 y 2005 emprendieron "acciones serias" contra 2,58 de cada 1.000 médicos. Esta tasa es ligeramente inferior a la de Virginia y algo superior a la de Maryland. Con todo, las tasas de Estados como Kentucky, Ohio y Arizona son entre dos y cuatro veces superiores.
Washington D.C. se suma así a una iniciativa emprendida por Estados como Virgina y Maryland, que desde hace años hacen público el historial de responsabilidad disciplinaria o judicial de los facultativos que ejercen en su territorio.
