La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) impugnó en su día -en alianza con la Asociación Española de Médicos Internos Residentes (Aemir)- el Real Decreto 1146/2006, aprobado el pasado mes de octubre y que reguló la relacion laboral de los médicos residentes. Al tratarse de un real decreto, el asunto se ventila directamente en el Tribunal Supremo.
La Fiscalía ya ha emitido su dictamen preceptivo -lo ha hecho en un plazo tan breve porque se trata de un proceso especial de protección de los derechos fundamental- y propugna la anulación de la norma.
Pedro Campoy Rebollo, fiscal asignado al caso, considera que la exclusión de CESM en el trámite de audiencia previo a la aprobacion del decreto viola el articulo 23 de la Constitución, que proclama el derecho de los ciudadanos "a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal".
Así, afirma en su escrito dirigido a la Sala: "En el caso que nos ocupa es claro que la omisión del trámite de audiencia, en la elaboración del Real Decreto antes referido, en su calidad de sindicato más representativo, supone una violación del derecho de dicho sindicato y, a su través, de todos los médicos afiliados, del derecho de participación en los asuntos públicos. Puesto que tales se han visto privados de la oportunidad de proporcionar su opinión sobre los distintos extremos que el Real Decreto regula".
Más información:
- Texto íntegro del escrito de la Fiscalía del Tribunal Supremo.
- Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM)
- Asociación Española de Médicos Internos Residentes (Aemir).
