(AGENCIAS) Inmaculada Echevarría morirá en el Hospital de San Rafael, donde ha permanecido ingresada en los últimos diez años, y será atendida hasta el final por su equipo médico habitual, según se desprende del comunicado hecho público hoy por la dirección del centro, dependiente de una orden religiosa.
Este comunicado es lo único que ha trascendido de la reunión mantenida hoy entre las direcciones de los hospitales San Rafael y Clínico San Cecilio de Granada, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), para estudiar el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía que avala la petición de la paciente de que le retirasen el respirador que la mantiene con vida y decidir dónde se hará.
Las direcciones de ambos centros pidieron "respeto a la dignidad e intimidad de la paciente" y advirtieron de que "las actuaciones que se lleven a cabo a partir de ahora deben enmarcarse en la privacidad de la relación entre médico y paciente". Añadieron que ambas direcciones velarán "de forma escrupulosa" por el respeto de los derechos de la paciente, el cumplimiento de "la totalidad de las garantías y requisitos" establecidos para el cumplimiento de su voluntad y "el normal desarrollo del desempeño" de los médicos y demás profesionales que la asisten.
Además, garantiza que la atención sanitaria que recibirá Echevarría hasta el final será "plenamente adecuada" a sus necesidades "tanto en sus aspectos técnicos como humanos".
Los aspectos éticos que rodean la petición de esta paciente, que tiene 51 años y padece distrofia muscular progresiva, han sido analizados por el equipo de Bioética del Hospital de San Rafael y el Comité de Ética Asistencia de la Provincia Bética de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.
Sus integrantes, como ya hicieron previamente los de la Comisión Autonómica de Ética e Investigación Sanitarias de Andalucía y los del Consejo Consultivo andaluz, señalaron "de forma inequívoca la ausencia de objeciones de carácter ético" de la petición de Echevarría y su "adecuación a derecho".
Este comunicado fue leído en el salón de actos del Hospital de San Rafael por su director gerente, Miguel Martín, quien no aceptó las preguntas de los numerosos periodistas allí congregados.
Inmaculada Echevarría ve culminado así un proceso que comenzó el pasado 20 de noviembre, cuando solicitó oficialmente la retirada del respirador que la mantiene con vida porque no quiere "seguir viviendo así", aunque tiene clara esta idea desde los 20 años, cuando supo que pasaría su vida postrada en una cama y sin ninguna movilidad.
"No acepto que haya medios que mantengan mi vida", dijo el pasado octubre esta mujer, que siempre ha sostenido que no tiene "miedo a morir". Su petición se trasladó a la Delegación Provincial de Salud en Granada y al hospital San Rafael, lo que activó la maquinaria administrativa que finalmente ha reconocido la legalidad de la voluntad de esta paciente y ha disuelto las dudas éticas al determinarse que no es un caso de eutanasia, sino de rechazo a un tratamiento, que se produce con frecuencia en el caso de los enfermos oncológicos terminales.
El Comité Autonómico de Ética de la Junta de Andalucía consideró que el caso se encuadra en una limitación del esfuerzo terapéutico, un derecho reconocido en la Ley de Autonomía del Paciente y, en la misma línea, el Consejo Consultivo sostuvo que se trata de eutanasia pasiva indirecta, por lo que los médicos que cumplan esta petición no cometerían ninguna acción punible, según la Ley de Autonomía del Paciente y la Ley de Salud de Andalucía.
